Medidas de mitigación del COVID-19 en el sector construcción a nivel internacional
¿Cómo afecta el COVID-19 a la construcción de vivienda?
El acceso a vivienda de calidad y como consecuencia la alta tasa de vivienda informal es uno de los principales retos que enfrentan las ciudades de América Latina y el Caribe (ALC)[1]. La crisis del COVID-19 ha evidenciado la alta vulnerabilidad que los hogares informales enfrentan al contar con condiciones precarias como hacinamiento y falta de acceso a servicios de agua y saneamiento. Esto está demostrando la importancia de invertir en infraestructura de vivienda que atienda a las poblaciones vulnerables, así como mecanismos y reformas que contribuyan a reducir los déficits de vivienda.
La paralización de la industria de construcción por el COVID-19 se ve reflejado en altos niveles de desempleo. El sector construcción en ALC representa una parte importante del gasto en inversión pública[2] y una fuente significativa de empleos[3]. Además, la inversión en construcción tiene un efecto multiplicador en la economía, generando empleo indirecto y dinamiza otras industrias que forman parte de la cadena de producción. Así mismo, este sector emplea una alta proporción de la población no calificada y vulnerable socioeconómicamente que depende de los ingresos diarios, afectando a poblaciones que no cuentan con un “colchón económico” que les permita mantenerse por un tiempo prolongado.
Permitir que las empresas de construcción que se encontraban realizando obras públicas quiebren, implica altos costos para reanudar las obras y mayores retrasos en su culminación. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) de Chile estima que contratar a una empresa nueva para retomar la construcción de una obra que se encuentra en un 60% de avance implica un costo mucho mayor que cubrir el 40% faltante de la obra. Esto podría resultar en la incapacidad de los gobiernos en completar las obras a mediano plazo.
Experiencias internacionales
Dado que el sector de construcción, principalmente el asociado a vivienda es clave para mitigar los efectos del COVID-19, muchos países ya se encuentran implementando medidas referentes al sector de construcción inmobiliaria, tanto fiscales y financieras como logísticas.
Algunos países han adoptado medidas fiscales y financieras dirigidas a las empresas del sector construcción, con el fin de reducir el impacto negativo en el empleo y evitar que las empresas quiebren. Por ejemplo, en Chile, se adoptó una medida que permite anticipar los pagos a las empresas constructoras de vivienda social para que cubran el salario de los trabajadores y evitar el quiebre de estas. En Israel se incrementó el porcentaje de la cartera crediticia de los bancos (de 20% a 22%) que financia a las empresas constructoras. Así también, en Canadá el gobierno federal ofreció un monto de $65 billones para financiar créditos a las empresas de diversos sectores, incluyendo construcción, y en Argentina, el gobierno ha subsidiado préstamos de las empresas relacionadas a este sector. En Bélgica, dado que las empresas del sector construcción cerraron temporalmente por “force majeure” (fuerza mayor), los empleados podían acceder a los beneficios entregados por la Oficina de Desempleo Nacional que consistía en pagarles el 70% de su salario (máximo EUR 2,754 brutos por mes).
Otras medidas aplicadas han sido dirigidas a mitigar el efecto negativo sobre los créditos hipotecarios y su impacto a mediano plazo en el sector inmobiliario. Por ejemplo en Canadá, el gobierno, a través del Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC), está asegurando la morosidad adicional relacionada a los préstamos hipotecarios, y en México el gobierno está otorgando un millón de créditos para construcción, ampliación y mejoramiento de viviendas. Estas medidas contribuyen a que a mediano plazo las entidades financieras cuenten con el capital necesario para que puedan seguir otorgando créditos hipotecarios y así el mercado inmobiliario siga funcionando.
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